LUPA

“Una herramienta para aproximarse y discernir los hechos”. (ARATICO)

Los vicios más antiguos del crimen

Rogelio Peláez Justiniano.
Periodista.

Un análisis recurrente. La víctima convertida por el poder en verdugo, degenera en una transformación ruin cuando constantemente “pisotea” la Constitución. La política partidaria revestida de “pueblo” secuestra la institucionalidad de Bolivia, un país destruido por la corrupción de derechistas e izquierdistas.

Los designios de la masonería mundial que digita y monta imperialismos y antiimperialismos como tesis y/o antítesis, dialécticamente terminan en decantadas síntesis. Con anticipación, todo es diseñado por los miembros del gobierno secreto mundial en construcción desde 1988 con la perspectiva de consolidar un potencial quinto imperio mundial con una sola religión y un solo gobierno en el planeta Tierra.

Los imperios de Babilonia (605 a 539 a.C) Medo-Persa (539 a 331 a.C) Grecia (331 a 168 a.C) y Roma (168 a.C. a 476 d.C.) cayeron. Ahora, en Evolonia, se retrotrae algunos escarnios. Es una relación de hechos que evidencian sistemáticas violaciones a la Constitución Política del Estado, también denominada Carta Magna y/o Ley de Leyes. Las normas, incluidas las consuetudinarias, legalmente son “manoseadas y estupradas”.

El presidente de Bolivia, Juan Evo Morales Ayma, se subraya por enésima vez, es inconstitucional, a partir del acortamiento de mandato que, con prevaricato (resolución contraria a la ley) el Tribunal Constitucional Plurinacional y su relator Ruddy Flores, emitió por intereses partidarios subalternos. El primer estupro fue cometido en 2013, cuatro años después de nacer la Constitución un 7 de febrero de 2009. Lo de Estado Plurinacional fue pretexto para cometer este delito de lesa legalidad.

Otro y anterior estupro constitucional se cometió cuando los miembros de los cuatro poderes públicos: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, se apartaron de lo que manda la disposición transitoria en su numeral II: “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”. Sin escrúpulo alguno, se subraya, se atribuyó a la impostura haber fundado un nuevo país y/o Estado a partir del agregado de la denominación “Estado Plurinacional” de Bolivia. Los engañadores, con facilidad cuestionan a sus pares que “engañan a sus bases”.

Desde la perspectiva de otrojo.com, la convocatoria al referéndum del 21 de febrero de 2016 violó el Art. 411 de la Constitución que, en su numeral I, manda que “una reforma total o aquella que afecte a sus bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías; o a la primacía y reforma de la Constitución tendrá lugar a través de una Asamblea Constituyente Originaria plenipotenciaria activada por voluntad popular mediante referendo”.

En el referéndum en cuestión, no se consultó sobre un “acné brotado en la piel-cutis” de la Carta Magna en plena pubertad, luego de nacer jurídicamente, se insiste, el 7 de febrero de 2009. Se incluyó una base fundamental del orden instituido como es el periodo de gestión gubernamental del presidente y vicepresidente de la república.

Violentada la ley, directamente se optó por un referendo para modificar el Art. 168 que consagra tan importante y estructural aspecto como es el periodo de gestión. La mayoría de la gente votó NO y el crimen organizado gobernante, no respetó tal decisión. En Chile, el dictador Augusto Pinochet tuvo escrúpulos para hacer lo contrario. Por tanto, ese evento también fue inconstitucional, porque la Carta Magna vigente desde 2009 en su artículo 411 manda una Asamblea Constituyente para una reforma total de esa ley de leyes. Jurídicamente, una reforma total implica modificar algo fundamental-estructural del contenido constitucional; no significa reformar la totalidad de los artículos de ese pacto político y social. En Evolonia, suman las contravenciones a la ley.

La situación o estado de la institucionalidad huele mal. Las victorias gubernamentales frente al electorado, desde 2006 registran desde el 54 al 64 %. Mientras que, los triunfos de los gobernados, oscilan del 52 al 65 por ciento frente al 49 y 35 % de la industria de propaganda y publicidad gubernamental que no repara en gastos subvencionados con los impuestos de los contribuyentes.